Josué Ferrer.

El 9 de octubre de 1820 Guayaquil se independizó de España. Su libertad duró un suspiro porque sólo dos años después, Guayaquil fue anexionada forzosamente por la Gran Colombia. Tras la separación de la Gran Colombia, las naciones de Guayaquil y de Quito se fusionaron para conformar la actual República del Ecuador.

Aquella decisión le salió cara. Perdió el 90% de su territorio porque fue dividido en varias provincias dentro del Ecuador. Durante su efímera independencia llegó a poseer todo el litoral ecuatoriano y hasta parte del Perú. De todo aquello sólo le queda la pequeña provincia de Guayas, en la que vive el 30% de la población de Ecuador.

El gran beneficiado de la creación del nuevo estado fue Quito, que goza de las prebendas de un país completamente centralizado. El centralismo es tan feroz que para cualquier papeleo los guayaquileños deben recorrer más de 600 km de caminos de precipicios hasta Quito sólo para que un funcionario les ponga un cuño.

Esta tierra que nació libre y contagió con esa libertad a la región, hoy reclama una autonomía política, regulatoria y fiscal y un Estado descentralizado. Dentro del contexto de pobreza de Latinoamérica, Guayas es la región más próspera y dinámica de Ecuador y Quito la exprime como a una naranja a la que saca todo el jugo.

Otros muchos hablan de «autonomía solidaria» (léase solidaridad impuesta). Es decir, que las provincias económicamente más desarrolladas, como Guayas, estén obligadas a compartir su riqueza con las que son más pobres. Pero se olvidan de que Guayaquil se desarrolló sin recibir fondos ni ayudas de otras provincias o países.

«Por Guayaquil Independiente» es el lema que aparece en su escudo, el cual fue diseñado por José Joaquín de Olmedo, el único presidente de aquel efímero estado soberano.  Y si Quito sigue desoyendo el fervor regionalista y autonomista de los guayaquileños, quizás vuelvan a esgrimir de nuevo este lema y reclamen ser nación.